Cuando las estrecheces económicas llegaron al sector público, el privado llevaba ya al menos tres años arrastrando dificultades. Los esfuerzos en forma de subvenciones por parte de las administraciones alcanzaron techo en 2009 pero, a partir de ahí, encauzaron una senda descendente, que tocó suelo en 2012, el ejercicio por excelencia de los recortes de gasto público.

Ésa es la tónica general que presenta el conjunto de autonomías, que entre 2008 y 2013 redujeron sus ayudas a las empresas más de un 20% –de 3.529,6 millones a 2.817 millones–, incluyendo las que sufragan el Gobierno central y las entidades locales a sociedades domiciliadas en cada territorio– .

Castilla y León es una de las cinco excepciones. En la Comunidad, los fondos públicos de apoyo a los emprendedores aumentaron un 68% en ese periodo: de 193,9 millones a 326. Sólo en Canarias (con un aumento del 206%) y Extremadura (108,5%) crecieron más.

Así lo refleja el anuario de Administraciones Públicas 2013 de Axesor, primera agencia de rating española, que contabiliza un montante global en España de 22.900 millones en subvenciones a sociedades mercantiles, principalmente, pero también a autónomos, cooperativas y otras asociaciones en los seis últimos años completos. Las radicadas en Castilla y León recibieron en el mismo periodo 1.772,5 millones.

Casi una cuarta parte de esa cuantía fue concedida en 2009 (400,9 millones) y, a diferencia de la mayoría de regiones, en el último ejercicio cerrado, 2013, también aumentó la consignación para este fin, hasta los 326 millones.

Fuente: El Correo de Burgos